I. Introducción
En las demandas por negligencia médica en Turquía, determinar si un tratamiento fue negligente es una cuestión médica que los tribunales resuelven en gran medida mediante informes periciales, como los del Instituto de Medicina Forense (Adli Tıp Kurumu, «ATK»). Sin embargo, la solidez de un informe depende de los hechos en que se basa. Cuando declaraciones de testigos u otros documentos describen el estado del paciente de forma distinta de los registros médicos utilizados por los peritos, la investigación judicial de esa contradicción puede decidir el caso.
En su sentencia de 12 de marzo de 2026 sobre la demanda individual n.º 2021/10952, publicada en el Boletín Oficial de 21 de septiembre de 2026, el Tribunal Constitucional examinó una acción indemnizatoria presentada después de que uno de los gemelos de una madre naciera sin vida y el otro necesitara tratamiento prolongado. Los tribunales administrativos habían desestimado la pretensión de indemnización por daños patrimoniales basándose en informes del ATK, y el tribunal administrativo regional había anulado también la indemnización por daños morales concedida en primera instancia. El Tribunal Constitucional aceptó que la valoración de la prueba corresponde a los tribunales que conocen del fondo y que no le incumbe revisar la corrección científica de las conclusiones periciales. No obstante, concluyó por unanimidad que la falta de investigación de las pruebas contrarias a la base fáctica de los informes vulneró el derecho de los demandantes a la protección de su integridad física y moral reconocido en el artículo 17 de la Constitución.
II. Prueba pericial en las demandas por negligencia médica
Las reclamaciones derivadas de tratamientos en un hospital público se interponen contra la Administración como acciones de plena jurisdicción ante los tribunales administrativos. La Ley n.º 2577 de Procedimiento Contencioso-Administrativo obliga al tribunal administrativo a investigar el asunto de oficio y aplica las normas sobre prueba pericial del Código de Procedimiento Civil. En los casos de negligencia médica, el examen pericial suele encomendarse al ATK, que prepara su informe a partir de los registros hospitalarios y los documentos médicos incorporados al expediente.
Un informe pericial no vincula al juez, que debe valorarlo junto con las demás pruebas. Por ello, corresponde al tribunal comprobar si los registros utilizados por el informe son coherentes con el resto del expediente. Las partes, por su parte, pueden impugnar el informe dentro de las dos semanas siguientes a su notificación y solicitar que se subsanen omisiones, se aclaren extremos inciertos o se designe un nuevo perito.
III. El litigio
La madre, embarazada de gemelos de treinta semanas, llegó a urgencias obstétricas del Hospital Sivas Numune hacia las 17:50 del 24 de noviembre de 2015 con dolores de parto y de espalda. Según un informe policial basado en las imágenes de las cámaras, esperó en el pasillo sin ser examinada hasta las 19:26. Después de que una matrona comprobara que uno de los bebés estaba en presentación de nalgas, salió del hospital en ambulancia hacia las 20:11 con destino al Hospital Universitario Sivas Cumhuriyet, donde dio a luz por cesárea. Uno de los bebés nació sin vida, con el cordón umbilical en torno al cuello. El otro sobrevivió, pero, por el nacimiento prematuro, necesitó oxígeno durante un tiempo y seguimiento prolongado por problemas oculares y renales. Los padres interpusieron una acción de plena jurisdicción contra el Ministerio de Salud ante el Tribunal Administrativo de Sivas. Por separado, se abrió una investigación preliminar sobre el médico del primer hospital y un procedimiento penal contra el personal implicado.
Las pruebas sobre el estado de la madre en el primer hospital eran contradictorias:
• El médico que practicó el parto declaró que el médico remitente le había descrito por teléfono a una paciente en fase avanzada de parto, con unos 5 cm de dilatación cervical, y que él había aconsejado realizar el parto en el primer hospital.
• La matrona y la enfermera que acompañaron a la madre en la ambulancia declararon bajo juramento en el proceso penal que la dilatación era de 7–8 cm; la matrona añadió que el examen había mostrado una presentación de un miembro fetal.
• Los padres presentaron ante el tribunal administrativo un CD de las conversaciones entre los dos médicos, indicaron que la Administración conservaba las grabaciones y solicitaron que se incorporaran al expediente.
• El informe de la investigación preliminar concluyó que la intervención se había retrasado y que, al comprobarse la presentación de nalgas, la madre debería haber sido sometida sin demora a una cesárea, con traslado posterior de los recién nacidos en incubadora si era necesario.
En cambio, el informe del ATK solicitado por el tribunal administrativo se basó en un registro de 2 cm de dilatación en el hospital receptor para concluir que la madre no estaba en trabajo de parto activo antes del traslado y que este era médicamente adecuado porque los recién nacidos necesitarían cuidados intensivos. Un informe del ATK en el proceso penal atribuyó la muerte al cordón umbilical y concluyó que el traslado no había influido en ella.
Sobre la base de estos informes, el Tribunal Administrativo de Sivas desestimó la pretensión por daños patrimoniales. Tras observar que el embarazo de la madre era de alto riesgo y que había esperado más de dos horas, le concedió 15.000 TRY y al padre 10.000 TRY por daños morales. La Sala n.º 10 del Tribunal Administrativo Regional de Ankara confirmó la desestimación de la pretensión patrimonial y, al estimar el recurso de la Administración, desestimó con carácter definitivo la pretensión por daños morales porque consideró que no concurrían sus requisitos.
IV. Valoración del Tribunal Constitucional
El Tribunal declaró inadmisibles dos quejas. La relativa a la duración del procedimiento fracasó porque los demandantes no habían acudido antes a la Comisión de Indemnización. La queja sobre la imposibilidad de recurrir la sentencia del tribunal regional fue rechazada por falta de competencia ratione materiae, pues el derecho a recurrir en asuntos civiles queda fuera del ámbito de protección común de la Constitución y del Convenio Europeo de Derechos Humanos. El Tribunal examinó la muerte fetal conforme al artículo 17, considerando al hijo no nacido como parte de la integridad física y moral de los padres.
El Tribunal recordó que las obligaciones positivas del Estado en materia de salud se aplican tanto si presta el tratamiento una institución pública como una privada, e incluyen examinar con diligencia y cuidado razonables las reclamaciones indemnizatorias por daños médicos. Limitó su revisión a determinar si las razones dadas por los tribunales eran pertinentes y suficientes.
Sobre esa base, el Tribunal constató que los tribunales no habían tomado medidas para obtener las grabaciones de las conversaciones entre los médicos, no habían determinado el grado de dilatación ni si el parto había comenzado en el primer hospital mediante las declaraciones de la matrona y la enfermera, y tampoco habían valorado las declaraciones de testigos obrantes en el expediente penal. El registro de 2 cm utilizado por el ATK no concordaba con las declaraciones del médico que practicó el parto, la matrona y la enfermera ni con las grabaciones. Pese a ello, los tribunales se habían apoyado en informes que no respondían a las objeciones de los demandantes. Esa contradicción, señaló el Tribunal, debía haberse aclarado durante el procedimiento. También requería un examen completo la alegación de que el traslado siguió adelante pese a la advertencia del médico del hospital receptor.
Respecto del tribunal regional, el Tribunal Constitucional consideró que había desestimado la pretensión por daños morales sin motivos concretos y sin tener en cuenta el efecto que el nacimiento sin vida y el tratamiento del hijo superviviente habían tenido en los padres. Concluyó que los tribunales no habían examinado las alegaciones con el cuidado exigido por el artículo 17 ni ofrecido razones pertinentes y suficientes, por lo que las autoridades públicas habían incumplido sus obligaciones positivas. Ordenó repetir el juicio y remitió la sentencia, por conducto del Tribunal Administrativo de Sivas, a la Sala n.º 10 del Tribunal Administrativo Regional de Ankara. Rechazó la solicitud de indemnización al considerar suficiente reparación la repetición del juicio.
V. Valoración general
La decisión exige que los tribunales que se apoyan en informes periciales investiguen las contradicciones relevantes entre los hechos que el informe presupone y el resto del expediente, y respondan motivadamente a las objeciones de las partes. No significa que las declaraciones de testigos deban prevalecer sobre los informes del ATK ni que el personal médico haya actuado con culpa; esa valoración corresponde a los tribunales encargados de repetir el juicio.
En la práctica, una objeción a un informe pericial resulta más eficaz cuando identifica el supuesto fáctico en que se basa el informe, el documento o la declaración que lo contradice y la pregunta que el informe deja sin respuesta. Los demandantes también deben solicitar al tribunal los registros hospitalarios, las imágenes de cámaras, las grabaciones de las comunicaciones entre médicos y las declaraciones recogidas en cualquier investigación penal. Para los hospitales, la Administración y sus aseguradoras, un informe pericial favorable no resolverá por sí solo el asunto si se apoya en hechos contradichos por el resto del expediente.
Esta traducción se ofrece únicamente con fines informativos y puede presentar diferencias respecto del texto original.
