I. Introducción
El Boletín Oficial de 23 de septiembre de 2026 publicó dos comunicaciones del Ministerio del Tesoro y Finanzas dictadas en el marco de la Junta de Investigación de Delitos Financieros (MASAK). Ambas entraron en vigor ese mismo día, sin período transitorio. La Comunicación General n.º 34 obliga a los sujetos obligados a comunicar de inmediato y aplazar las operaciones que intenten realizar personas designadas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. La Comunicación General n.º 33 duplica o más que duplica los umbrales por debajo de los cuales pueden aplicarse medidas simplificadas de diligencia debida respecto del cliente a determinados seguros de vida, tarjetas prepago, productos de dinero electrónico y pagos móviles.
Los dos cambios operan en sentidos opuestos dentro del mismo marco de conocimiento del cliente: uno refuerza los controles sobre personas concretas y el otro amplía la posibilidad de aplicar comprobaciones más ligeras a operaciones de bajo riesgo. Los bancos, las entidades de pago y de dinero electrónico, las aseguradoras, las sociedades de pensiones y otros sujetos obligados conforme a la Ley n.º 5549 de Prevención del Blanqueo del Producto de Actividades Delictivas deberán abordar ambos cambios a la vez.
II. Comunicación y aplazamiento de operaciones de personas designadas por la ONU
La obligación se aplica a las operaciones que intenten realizar personas, entidades u organizaciones designadas en decisiones de inclusión en listas del Consejo de Seguridad de la ONU, cuando esas decisiones estén comprendidas en la Ley n.º 6415 de Prevención de la Financiación del Terrorismo o en la Ley n.º 7262 de Prevención de la Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva. La información sobre las decisiones y las personas designadas llega a través del Ministerio de Asuntos Exteriores y se publica en el sitio web de MASAK.
Los sujetos obligados adoptan estas medidas conforme a la normativa aplicable, en particular el artículo 19/A de la Ley n.º 5549. Este artículo permite al ministro del Tesoro y Finanzas suspender una operación, o denegar su realización, durante siete días hábiles cuando se sospeche que los activos están vinculados al blanqueo de capitales o a la financiación del terrorismo. Aplazar la operación y comunicarla a MASAK sin demora permite al ministro ejercer esa facultad antes de que la operación se complete.
No se fija un plazo concreto más allá de «sin demora». En la práctica, ello significa lo siguiente:
• Los avisos de MASAK deben incorporarse con prontitud a los sistemas de cotejo de clientes y operaciones.
• Los procedimientos internos deben establecer por escrito quién aplaza una operación coincidente, quién revisa la coincidencia, quién la comunica y en qué orden.
• Las sucursales, los agentes, los representantes y los agentes comerciales son también sujetos obligados conforme a la comunicación. Por tanto, el procedimiento debe funcionar allí donde se efectúe la operación, no solo en la sede central.
III. Umbrales más altos para la diligencia debida simplificada
La Comunicación General n.º 5 de MASAK permite aplicar medidas simplificadas de diligencia debida respecto del cliente a determinadas operaciones de bajo riesgo. La modificación eleva los umbrales monetarios, pero mantiene las condiciones para su utilización.
• Seguro de vida. Las aseguradoras y sociedades de pensiones pueden registrar los datos identificativos del cliente sin documentos de verificación para contratos de pensiones, planes de pensiones con deducción en nómina y pólizas de seguro de vida por debajo de determinados niveles de primas. Los productos de pensiones no están sujetos a un límite de importe, por lo que solo cambian los umbrales de los seguros de vida: las primas totales pagaderas en un año pasan de 10.000 TRY a 20.000 TRY y las primas únicas, de 25.000 TRY a 50.000 TRY.
• Tarjetas prepago anónimas y dinero electrónico. Pueden venderse o emitirse sin verificar la identidad hasta 5.500 TRY, frente a las 2.750 TRY anteriores. Para los productos no recargables, el límite se aplica al importe cargado; para los recargables, a las recargas mensuales y al saldo. Siguen sin poder utilizarse para transferencias de fondos. Solo pueden usarse con el titular físicamente presente en el comercio, o para compras y pago de facturas en sitios de comercio electrónico con sello de confianza.
• Pagos móviles. En los servicios de pago prestados mediante servicios de comunicaciones electrónicas, las operaciones sin verificación de identidad pueden alcanzar 2.500 TRY por operación, frente a 1.000 TRY, y 6.500 TRY al mes, frente a 2.750 TRY. Las transferencias de fondos siguen excluidas. El uso se limita a compras de bienes y servicios y pago de facturas, pero no está sujeto a las condiciones de presencia física o sello de confianza aplicables a las tarjetas prepago.
IV. Valoración general
Ambas comunicaciones entraron en vigor al publicarse, sin período transitorio, por lo que la obligación de comunicar y aplazar se aplica desde el 23 de septiembre de 2026. Los sujetos obligados que quieran utilizar los nuevos umbrales deberán actualizar los límites de sus productos, los parámetros de sus sistemas y los importes de las condiciones contractuales de los clientes. Los umbrales más altos no hacen obligatoria la diligencia debida simplificada ni permiten aplicarla a todas las operaciones por debajo de ellos. La guía de MASAK sobre medidas simplificadas señala que estas no pueden aplicarse cuando exista sospecha de blanqueo de capitales o financiación del terrorismo; en su lugar, la operación debe comunicarse a MASAK como sospechosa.
Los dos cambios coinciden en productos que pueden utilizarse sin verificación de identidad. Una operación de una persona designada debe comunicarse y aplazarse con independencia de su importe. Sin embargo, con tarjetas prepago anónimas, dinero electrónico y pagos móviles, el sujeto obligado no puede saber quién es el usuario. Por ello, los límites de importe, las restricciones de uso y las reglas de supervisión deben diseñarse teniendo presente ese riesgo y evaluarse en el mismo análisis de cumplimiento que introduzca los nuevos umbrales.
La comunicación sobre personas designadas no establece una sanción independiente. No obstante, conforme a la Ley n.º 5549, un sujeto obligado que ejecute una operación suspendida o denegada por el ministro incumpliendo esa decisión se expone a una multa administrativa igual al importe de la operación.
Esta traducción se ofrece únicamente con fines informativos y puede presentar diferencias respecto del texto original.
