I. Introducción
La notificación correcta de una orden de pago o de ejecución determina cuándo comienzan los plazos procesales y si un procedimiento de ejecución puede considerarse firme. Si se estima que el plazo de oposición ha vencido antes de que el deudor conozca el documento, el acreedor puede actuar sobre sus cuentas bancarias, créditos, bienes muebles o inmuebles. Por ello, la primera tarea en un expediente de este tipo consiste en establecer cómo se intentó la notificación, en qué domicilio y a qué persona.
Una notificación defectuosa no se considera automáticamente inexistente. De conformidad con el artículo 32 de la Ley de Notificaciones turca n.º 7201, la notificación defectuosa se considera válida si el destinatario ha tomado conocimiento del documento, y la fecha declarada por este se considera fecha de notificación. En la práctica, la controversia suele centrarse no en la fecha en que se envió inicialmente el documento, sino en cuándo conoció el destinatario su contenido y qué actuaciones procesales realizó a continuación.
Para corregir la fecha de notificación registrada en el expediente de ejecución debe presentarse una queja (şikâyet) ante el tribunal de ejecución. Sin embargo, esta queja no sustituye a la oposición frente a la deuda ni suspende automáticamente la ejecución. El deudor debe valorar la queja relativa a la notificación junto con la vía procedente frente a la deuda o al procedimiento y, cuando corresponda, con una solicitud expresa de suspensión de la ejecución.
II. Función de la notificación en la firmeza del procedimiento de ejecución
La notificación cumple una función tanto informativa como probatoria. En la ejecución ordinaria sin sentencia, la notificación de la orden de pago inicia el plazo de siete días del deudor para formular oposición. Si no se presenta oposición a tiempo, el procedimiento adquiere firmeza a efectos ejecutivos y el acreedor puede pasar a la fase de embargo. Las vías y los plazos son distintos en la ejecución basada en sentencia y en la ejecución basada en títulos cambiarios. Por tanto, cualquier problema de notificación debe analizarse según el tipo concreto de procedimiento. Nuestro análisis sobre el cobro de deudas y la ejecución en Turquía explica estas vías principales.
Según el artículo 10 de la Ley de Notificaciones, la notificación se practica, por regla general, en el último domicilio conocido del destinatario. Si ese domicilio no es apto para la notificación o no puede practicarse allí, para las personas físicas se considera último domicilio conocido el que figura en el sistema de registro de domicilios. Cuando el destinatario está ausente, se ha trasladado, no es conocido en el domicilio o rechaza la entrega, las actuaciones del agente notificador y las circunstancias consignadas en la diligencia de notificación son esenciales para comprobar si se siguió el método legal.
La condición del destinatario también es relevante en la notificación electrónica. El artículo 7/a de la Ley de Notificaciones impone la notificación electrónica a todas las personas jurídicas de derecho privado. La notificación electrónica se considera practicada al finalizar el quinto día siguiente a la fecha en que llega a la dirección electrónica del destinatario. Si no puede practicarse electrónicamente por una causa imperativa, podrá utilizarse otro método previsto en la ley. Las personas no incluidas en las categorías obligatorias pueden obtener una dirección electrónica de notificación a petición propia; desde ese momento, la notificación electrónica también pasa a ser obligatoria para ellas. En el expediente de una sociedad, el examen no debe limitarse a la diligencia en papel, sino que ha de incluir los registros del Sistema Nacional de Notificación Electrónica (UETS).
III. Fecha de conocimiento y plazo de siete días para la queja
La notificación es defectuosa cuando no se han observado los requisitos legales aplicables al método empleado. Pueden constituir ejemplos la entrega a una persona no autorizada, la ausencia de datos obligatorios en la diligencia, el incumplimiento de la secuencia entre el último domicilio conocido y el sistema de registro de domicilios, o la inobservancia del régimen obligatorio de notificación electrónica. No todo error ortográfico o formal en un documento de notificación altera sus efectos jurídicos; el defecto debe valorarse en su contexto.
Una vez advertido el defecto de notificación, la regla general del artículo 16 de la Ley de Ejecución y Quiebra turca n.º 2004 exige presentar la queja ante el tribunal de ejecución en el plazo de siete días. Aunque el artículo 32 de la Ley de Notificaciones toma como referencia la fecha declarada por el destinatario, esa fecha puede discutirse si existen pruebas de que este conoció antes el documento correspondiente. Un registro de UYAP, un poder presentado en el expediente, una notificación de embargo a un tercero, un pago u otra actuación procesal pueden resultar pertinentes, pero su alcance depende de lo que acrediten en el expediente concreto. El conocimiento de una medida ejecutiva y el conocimiento del documento notificado no deben equipararse sin examinar las pruebas.
En su sentencia de 10 de diciembre de 2024 sobre el asunto Niyazi Altındal (Solicitud n.º 2020/6471), el Tribunal Constitucional de Turquía consideró incompatible con el derecho de acceso a un tribunal rechazar una vía procesal por extemporánea sin examinar de forma separada y expresa el defecto de notificación alegado y la fecha de conocimiento declarada. La sentencia no establece que la declaración del destinatario deba aceptarse siempre sin comprobación. Confirma, no obstante, que el órgano judicial debe responder a las alegaciones sustanciales sobre el método de notificación y sobre la fecha en que se conoció el documento.
La queja se limita a la regularidad de la notificación y a la fecha resultante; no resuelve si la deuda existe. En la ejecución ordinaria sin sentencia, el deudor no debe confiar únicamente en la queja. La oposición frente a la deuda o al procedimiento también ha de presentarse ante la oficina de ejecución dentro del plazo calculado desde la fecha de conocimiento alegada. En la ejecución basada en sentencia o en títulos cambiarios pueden variar el órgano competente, los motivos admisibles y los plazos. Esperar únicamente a que se resuelva la queja relativa a la notificación puede ocasionar la pérdida de otro plazo sustantivo o procesal.
IV. Efecto de la queja sobre la ejecución y los embargos
La pretensión principal ante el tribunal de ejecución consiste en que la fecha consignada a raíz de la notificación defectuosa se rectifique y se sustituya por la fecha efectiva de conocimiento. Si el tribunal estima la queja, los plazos vinculados a la notificación se calculan tomando como referencia la fecha corregida. Cuando se hayan adoptado medidas de embargo o venta porque el procedimiento fue considerado firme antes de esa fecha, su situación jurídica también deberá examinarse conforme a las pretensiones del deudor y al tipo de ejecución. La constatación de una notificación defectuosa no extingue la deuda ni implica que todas las actuaciones del expediente se anulen automáticamente sin una petición específica.
Conforme al artículo 22 de la Ley de Ejecución y Quiebra, la queja no suspende la ejecución salvo que el tribunal de ejecución así lo acuerde. Su mera presentación no paraliza, por tanto, las medidas de embargo, custodia o venta. Si la continuación de la ejecución puede causar un perjuicio difícil de reparar, el deudor debe solicitar expresamente la suspensión hasta que se resuelva la queja y aportar los documentos del expediente que respalden esa petición.
El momento de la actuación resulta especialmente relevante cuando el expediente se acerca a la fase de venta. Examinar antes de presentar la queja la diligencia de notificación, los registros de UETS y las actuaciones que puedan acreditar la fecha de conocimiento permite calcular conjuntamente el plazo de siete días para la queja y cualquier plazo separado para impugnar la deuda o el procedimiento.
V. Notificación a personas jurídicas y jurisprudencia reciente
Respecto de las personas jurídicas, los artículos 7/a y 35 de la Ley de Notificaciones deben interpretarse conjuntamente. Dado que la notificación electrónica es obligatoria para las personas jurídicas de derecho privado, el expediente debe mostrar por qué se recurrió a una vía de notificación física. El artículo 35 regula las consecuencias de no comunicar un cambio de domicilio y permite utilizar para las personas jurídicas los domicilios que constan en registros oficiales, incluso si no hubo una notificación anterior. No obstante, basarse en un domicilio registral oficial no exime de examinar la secuencia de notificación ni la información concreta sobre domicilios disponible en el expediente.
La sentencia del Tribunal Constitucional de 24 de junio de 2025 en el asunto Lila Turizm İşletmecilik Ticaret Pazarlama Tarım İnşaat Taşımacılık Sanayi Ltd. Şti. (Solicitud n.º 2021/7643) ofrece una orientación reciente sobre esta distinción. La sociedad solicitante sostuvo que la contraparte conocía un domicilio distinto y actualizado, que la sociedad disponía de una dirección de correo electrónico registrado (KEP) y que la notificación en un local que ya había desalojado le hizo perder un plazo procesal. El Tribunal Constitucional consideró desproporcionado rechazar la solicitud por extemporánea apoyándose únicamente en la información del registro mercantil sin responder a esas alegaciones sustanciales, y declaró vulnerado el derecho de acceso a un tribunal.
La sentencia no establece como regla general que toda notificación practicada en un domicilio del registro mercantil sea defectuosa. Su idea central es que los tribunales deben examinar las alegaciones concretas sobre el domicilio actual, la información de correo electrónico registrado (KEP) y los antecedentes procesales cuando puedan afectar a la validez de la notificación. En el expediente de una sociedad deben revisarse conjuntamente la actividad de UETS, los datos de MERSİS y del registro mercantil, las anotaciones de devolución en los documentos de notificación y otros domicilios conocidos por el acreedor.
VI. Conclusión
Cuando un procedimiento de ejecución parece haber adquirido firmeza tras una notificación defectuosa, el primer paso es contrastar la fecha y el método de notificación registrados con el expediente. Una vez establecida la fecha de conocimiento, deben analizarse simultáneamente el plazo de siete días para la queja, el plazo aplicable para impugnar la deuda o el procedimiento y la necesidad de solicitar la suspensión. La queja puede permitir la rectificación de la fecha de notificación, pero la impugnación de fondo debe presentarse ante el órgano correcto y, si la ejecución continúa, la suspensión debe solicitarse por separado.
La vía adecuada depende de si la ejecución se basa en una sentencia, en un título cambiario o en ninguno de ellos, del contenido de la diligencia de notificación, de si el destinatario es una persona física o jurídica y de las pruebas que acreditan la fecha de conocimiento. Una solicitud preparada desde una sola perspectiva, sin examinar la diligencia, los registros de UETS, los documentos de domicilio y las medidas de embargo, puede ocasionar la pérdida de un plazo o de una vía procesal. Debe recabarse asesoramiento específico sobre el expediente de abogados con experiencia en cobro de deudas y litigios y resolución de controversias.
Esta traducción se ofrece únicamente con fines informativos y puede presentar diferencias respecto del texto original.
